Lunes, 28 Mayo 2018

Calcaterra acusa a sectores K de armarle una causa para perjudicar a su primo, el presidente Macri

Se trata de una causa en la que se investiga a Odebrecht por el pago de sobornos y sobreprecios en la obra del soterramiento del tren Sarmiento. La ex empresa de Calcaterra era socia del grupo brasileAi??o y se acusa al empresario de haber acompaAi??ado esos pagos ilegales

El empresario A?ngelo Calcaterra siente que el pedido de embargo por $54 millones en una causa que investiga el pago de coimas por el grupo brasileAi??o Odebrecht por el soterramiento del tren Sarmiento es una maniobra polAi??tica para perjudicar a su primo, el presidente Mauricio Macri.

AsAi?? lo hizo saber a iProfesional el ex dueAi??o de la empresa constructora IECSA a travAi??s de allegados. AsegurA? que el fiscal que interviene en la causa, Franco Picardi, tiene estrechos lazos con sectores kirchneristas y que busca generar conflictos a la gestiA?n de Cambiemos.

SegA?n los allegados de Calcaterra, quien en marzo pasado vendiA? IECSA al empresario Marcelo Mindlin, el pedido del fiscal “no tiene ningA?n sustento legal”.  Agregan que el primo del Jefe de Estado no estA? denunciado de manera personal ni investigado en el caso que se abriA? tras la delaciA?n de un empresario brasileAi??o, quien en su paAi??s admitiA? que Odebrecht pagA? coimaspara quedarse con la obra mediante la cual se buscaba la modernizaciA?n del ferrocarril Sarmiento.

De acuerdo a lo que los voceros de Calcaterra aseguraron a iProfesional, el pedido de embargo por $54 millones realizado por el fiscal Picardi forma parte de una “trama de ciertos funcionarios judiciales kirchneristas”. Recuerdan que a pesar de que en la UniA?n Transitoria de Empresas (UTE) que se adjudicA? la mega obra tambiAi??n figuran otras empresas como la espaAi??ola Consa y la italiana Ghella, solamente se intenta involucrar a Calcaterra en la causa. 

Agregan que el ex dueAi??o de IECSA, “ni siquiera estA? imputado” en la causa en la que se investigan sobornos y sobreprecios que Odebrecht pagA? para encarar la obra a travAi??s del Consorcio Nuevo Sarmiento, del cual el grupo brasileAi??o tenAi??a el 50% del capital. 

“Si ellos pagaron coimas, la justicia los debe investigar, pero lo cierto es que en nuestro caso nada de eso pasA?”, mandA? a decir Calcaterra ante una consulta de iProfesional.

El objetivo de la obra es el de integrar la provincia de Buenos Aires con la Capital Federal con un proyecto de 36,75 kilA?metros que incluye la construcciA?n de 18 kilA?metros de tA?neles desde Caballito hasta Castelar, tres nuevos viaductos y 120 pasos bajo nivel.  

Con un presupuesto de u$s3.000 millones, tambiAi??n abarca la renovaciA?n de carreteras, sistemas elAi??ctricos y estaciones existentes, asAi?? como el 100% del material rodante. La capacidad de transporte de pasajeros deberAi??a aumentar en un 70%, beneficiando a 200.000 pasajeros al dAi??a. 

Luego de descubrirse el llamado Lavajato en Brasil y las causas por pagos de coimas de Odebrecht en toda la regiA?n, incluyendo la Argentina, se abriA? en el paAi??s una investigaciA?n a cargo del juez Marcelo Martinez De Giorgi. En este contexto, el fiscal Picardi reclamA? el embargo por $54 millones contra Calcaterra por entender que la empresa IECSA, que era propiedad del empresario en ese momento, tambiAi??n habrAi??a pagado sobornos.

De hecho, el juez Martinez De Giorgi ya allanA? las oficinas de la constructora a principios de aAi??o, junto con las de Odebrecht. En el entorno de Calcaterrase recuerda que el fiscal Picardo fue nombrado “a dedo” por la ex Procuradora General de la NaciA?n, Alejandra Gils CarbA?. TambiAi??n explican que forma parte de Justicia LegAi??tima que agrupa funcionarios judiciales ultra K y hasta tuvo un cargo ejecutivo en la ex SIDE durante la gestiA?n de Oscar Parrilli.

Sin embargo, en la causa del Sarmiento, el fiscal Picardi tambiAi??n solicitA? al juez Martinez De Giorgi que embargue cuentas de Jorge “Corcho” Rodriguez, Ricardo Jaime y JosAi?? LA?pez por $4 millones. En el caso del ex lobista, lo acusa de nexo entre Odebrecht y los funcionarios argentinos vinculados a la obra pA?blica, entre los que se destaca Julio De Vido.

De hecho, en junio pasado el mismo fiscal requiriA? investigar al ex Ministro de PlanificaciA?n Federal de la NaciA?n por los posibles pagos de sobornos en la obra del Sarmiento. PidiA? ademA?s un entrecruzamientos telefA?nicos entre directivos de Odebrecht y ex funcionarios de PlanificaciA?n Federal, ademA?s del detalles de las visitas de empresarios a distintas carteras, ante la sospecha del pago de sobornos en las obras del soterramiento del tren.

SegA?n su dictamen, no solo el extinto ministerio fue responsable de las “diversas irregularidades” que se habrAi??an cometido en la obra, sino tambiAi??n la ex empresa de Calcaterra.

 

De hecho, el dictamen del fiscal asegura que, segA?n surge del material aportado por la IGJ al menos desde el 2000 y con algunas intermitencias, Calcaterra formA? parte del directorio de la firma. “En lo que a la licitaciA?n pA?blica ferroviaria, especAi??ficamente en el propio expediente administrativo, surge copia del Acta de Directorio nro. 1543, de fecha 27 de marzo de 2006, mediante la cual el A?rgano de direcciA?n confiere autorizaciA?n para participar en dicha licitaciA?n pA?blica y otorga poderes especiales, le asigna a Calcaterra la calidad de A?nico apoderado del Grupo A, el cual tiene facultades de actuaciA?n mA?s amplias que los integrantes de los otros grupos con relaciA?n a la suscripciA?n del contrato constitutivo de UTE”.

SegA?n el funcionario judicial,  la figura de Calcaterra debe ser especialmente tenida en cuenta, fundamentalmente en esta instancia, a los fines de determinar la cuantAi??a de la medida cautelar que sobre Ai??l corresponderAi??a disponer. Ello asAi??, pues si bien en marzo pasado se ha desprendido de su participaciA?n accionaria (directa e indirecta) en IECSA (hoy Sacde SA) y, por consiguiente, en la continuaciA?n del proyecto de soterramiento del Ferrocarril General Sarmiento, presumiblemente por todo lo explicitado -previo a tal transferencia-, por su calidad de socio -y accionista mayoritario de su controlante-, gozA? de los beneficios que importaron haber integrado el consorcio ganador”.

De acuerdo al fiscal, “poseAi??a la capacidad de tomar decisiones en la empresa cuando ocurrieron las tratativas para lograr la adjudicaciA?n del contrato, se habrAi??an efectuado las negociaciones en torno al pago de coimas y valuaciA?n de la obra, recibidos los desembolsos y materializado el pago de aquAi??llas”.

“Por A?ltimo, y sumado a lo antedicho, no debe perderse de vista que producto de tal desprendimiento accionario, debiA? tambiAi??n razonablemente acordarse una contraprestaciA?n acorde a la entidad de la compaAi??Ai??a, la cual, como un todo, ha debido contemplar la porciA?n relativa a la inversiA?n que representa la participaciA?n en la UTE, actualmente denominada G&S”, agrega el fiscal.

En su pedido, incluye a otros ex ejecutivos de IECSA como Javier SA?nchez Caballero; integrante del directorio como apoderado de esa firma en el marco del acuerdo consorcial y en la conformaciA?n de la UTE. TambiAi??n Juan RamA?n Garrone, integrante del directorio y apoderado, al igual que Santiago RamA?n Altieri.

“Conforme se ha podido observar en funciA?n de los documentos secuestrados en el marco de los allanamientos realizados y de la informaciA?n suministrada por el fisco, tanto las empresas COMSA SA como IECSA SA, registraron operaciones con la empresa CAESA, al menos durante los aAi??os 2005 a 2009, en concepto de servicios de consultorAi??a”, seAi??ala el pedido al que tuvo acceso iProfesional.

Para el fiscal Picardi, las retenciones impositivas practicadas, los recibos y las facturas dan cuenta de que las compaAi??Ai??as mediante la utilizaciA?n de los correspondientes respaldos para practicar esas operaciones, “efectivamente realizaron transferencias de recursos a CAESA SA, los cuales -en los casos identificados- fueron realizados a travAi??s de la emisiA?n de cheques (ver documentaciA?n secuestrada reservada y fs. 24/37, 38/88 y 113/114 de la ActuaciA?n nro. 18267-1028-2017 remitida por la AFIP)”.

Para el funcionario judicial, pese que tales registraciones y sus consiguientes desembolsos se presentan como formalmente regulares, lo cierto es que “los servicios que se pretendieron respaldar, esto es, servicios de consultorAi??a, han sido inexistentes. En efecto, nunca ha habido prestaciA?n alguna y la registraciA?n ha sido un mero montaje utilizado por los intermediarios y testaferros del ex funcionario Ricardo Jaime, para recibir el pago de coimas, originado en los beneficios concedidos a las empresas pagadoras”.

En ese orden, cabe tener presente que en diversas investigaciones penales seguidas contra el ex Secretario de Transporte, Ricardo RaA?l Jaime, se ha relevado que la “consultora” CAESA tambiAi??n facturA? cuantiosos importes en concepto de asesorAi??as -y por consiguiente recibiA? pagos- de parte de otras sociedades que resultaron adjudicatarias de obras o contrataciones que han tramitado bajo la A?rbita del Ministerio de PlanificaciA?n Federal, InversiA?n PA?blica y Servicios de la NaciA?n, o bien, proveniente de estructuras jurAi??dicas vinculadas con aquellas -entre las que surgen IECSA SA, COMSA SA, EMPA, filial de la compaAi??Ai??a de aeronavegaciA?n LAN. “Dicha circunstancia, no hace mA?s que afirmar que CAESA ha operado como “la caja” del funcionario a cargo de la SecretarAi??a de Transporte de la NaciA?n”, acusa Picardi.

Para el fiscal se trata de una “falsa empresa” que utilizaba un “modo espurio” para canalizar los retornos dinerarios, “cuyo destino final era un ex funcionario pA?blico, retomarAi?? y me apropiarAi?? de sus conclusiones mA?s relevantes”.

 

Fuente: www.iprofesional.com